La normatividad colombiana respalda el ejercicio de supervisión y fiscalización de las actividades petroleras y mineras, abarcando dos grandes aspectos emanados de las obligaciones contractuales; el primero de ellos, consisten en garantizar que los operadores cumplan con la normatividad técnica, ambiental, de higiene y seguridad y sociales; el segundo aspecto, las actividades de liquidación, recaudo, transferencia, distribución y giros de las contraprestaciones económicas: impuestos, compensaciones y regalías.
El artículo 13 de la Ley 1530 de 2012 reglamente la fiscalización petrolera y minera así:
Define la fiscalización como: “el conjunto de actividades y procedimientos que se llevan a cabo para garantizar el cumplimiento de las normas y de los contratos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, la determinación efectiva de los volúmenes de producción y la aplicación de las mejores prácticas de exploración y producción, teniendo en cuenta los aspectos técnicos, operativos y ambientales, como base determinante para la adecuada determinación y recaudo de regalías y compensaciones y el funcionamiento del Sistema General de Regalías”.
Otorga la potestad para que: “El Gobierno Nacional defina los criterios y procedimientos que permitan desarrollar la exploración y explotación de recursos naturales no renovables técnica, económica y ambientalmente eficiente, así como los aspectos técnicos, tecnológicos, operativos y administrativos para ejercer la labor de fiscalización. Para la tercerización de la fiscalización, conforme lo determine el reglamento, se tendrá en cuenta entre otros, la experiencia en metrología en el sector de minerales e hidrocarburos, idoneidad en labores de auditoría, interventoría técnica, administrativa y financiera o revisoría fiscal y solvencia económica”.
Establece: “El porcentaje destinado a la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos, y al conocimiento y cartografía geológica del subsuelo, será administrado en la forma señalada por el Ministerio de Minas y Energía, directamente, o a través de las entidades que este designe”.
Manifiesta que: “La DIAN podrá celebrar convenios interadministrativos de cooperación y asistencia técnica con las entidades del orden nacional que ejerzan la labor de fiscalización de la exploración y explotación de recursos naturales no renovables”
Es válido mencionar que el proceso de fiscalización se realiza desde la etapa 0 del proceso de exploración de hidrocarburos, por lo cual, para cada una de las etapas dentro de las actividades de exploración y producción, las compañías deben obtener los permisos correspondientes.
Figura. Permisos para adelantar actividades E & P
Fuente: ANH (2014).
La estrategia en la supervisión y fiscalización de los proyectos hidrocarburíferos del país se enfoca en el cumplimiento de los siguientes objetivos:
Velar por la correcta y adecuada exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos, para asegurar que estas actividades se realicen en forma técnica además de económica, y se asegure la utilización y aprovechamiento de los recursos en forma racional e integral.
Tomar las medidas técnicas y económicas indispensables para la conservación de los yacimientos de hidrocarburos de propiedad nacional o particular.
Estudiar y aprobar, desde el punto de vista técnico, los planes de explotación de hidrocarburos, según la tasa eficiente máxima de explotación y los criterios de conservación de yacimientos, además de la medición de los volúmenes de hidrocarburos efectivamente producidos en un campo petrolero (figura 8).
Fuente: ANH (2015).