La normatividad colombiana respalda el ejercicio de supervisión y fiscalización de las actividades petroleras y mineras, abarcando dos grandes aspectos emanados de las obligaciones contractuales; el primero de ellos, consisten en garantizar que los operadores cumplan con la normatividad técnica, ambiental, de higiene y seguridad y sociales; el segundo aspecto, las actividades de liquidación, recaudo, transferencia, distribución y giros de las contraprestaciones económicas: impuestos, compensaciones y regalías.
El artículo 13 de la Ley 1530 de 2012 reglamente la fiscalización petrolera y minera así:
Define la fiscalización como: “el conjunto de actividades y procedimientos que se llevan a cabo para garantizar el cumplimiento de las normas y de los contratos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, la determinación efectiva de los volúmenes de producción y la aplicación de las mejores prácticas de exploración y producción, teniendo en cuenta los aspectos técnicos, operativos y ambientales, como base determinante para la adecuada determinación y recaudo de regalías y compensaciones y el funcionamiento del Sistema General de Regalías”.
Otorga la potestad para que: “El Gobierno Nacional defina los criterios y procedimientos que permitan desarrollar la exploración y explotación de recursos naturales no renovables técnica, económica y ambientalmente eficiente, así como los aspectos técnicos, tecnológicos, operativos y administrativos para ejercer la labor de fiscalización. Para la tercerización de la fiscalización, conforme lo determine el reglamento, se tendrá en cuenta entre otros, la experiencia en metrología en el sector de minerales e hidrocarburos, idoneidad en labores de auditoría, interventoría técnica, administrativa y financiera o revisoría fiscal y solvencia económica”.
Establece: “El porcentaje destinado a la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos, y al conocimiento y cartografía geológica del subsuelo, será administrado en la forma señalada por el Ministerio de Minas y Energía, directamente, o a través de las entidades que este designe”.
Manifiesta que: “La DIAN podrá celebrar convenios interadministrativos de cooperación y asistencia técnica con las entidades del orden nacional que ejerzan la labor de fiscalización de la exploración y explotación de recursos naturales no renovables”.
Proceso de fiscalización
Fuente:
Dado que la capacidad operativa y logística que se requiere para una fiscalización del ciento por ciento de las operaciones mineras, que cuantifica más de 9.000 títulos en todo el país, significa cuantiosos recursos económicos, físicos y humanos, anualmente la ANM realiza una planeación estratégica de visitas, basada en criterios de priorización de títulos, así: i) en etapa de explotación catalogados como Proyectos de Interés Nacional (PIN), en etapa de explotación con situaciones de riesgo inminente, iii) en etapa de explotación con incumplimientos evidenciados previamente y iv) en aquellos que dentro de su área tienen programas de formalización.
En la se pueden encontrar los resultados anuales del número de visitas que se realizan a escala departamental y por puntos de atención regional (PAR) del 2014-2015 y 2016; esta información es actualizada anualmente. Adicionalmente, en la pestaña de infografía y publicaciones se encuentra una sección de fichas departamentales, en las que se halla la información de fiscalización por departamentos, que incluye el número de visitas realizadas por departamento, las visitas fallidas (si se informan), las no conformidades, el número de visitas programadas y si existen proyectos de interés nacional (PINES) en la zona. Estas se actualizan y se publican cada seis meses.
Los informes de fiscalización no se publican, teniendo en cuenta que hay información confidencial, que solo se entrega por medio de notificación al titular minero directamente.
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