Marco Institucional

La institucionalidad estatal de la industria extractiva de Colombia, con el Ministerio de Minas y Energía (MME) a la cabeza, incluye las siguientes organizaciones principales:

la Agencia Nacional de Minería (ANM), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) y el Servicio Geológico Colombiano (SGC). En el Departamento de Antioquia, las funciones de la Agencia Nacional de Minería fueron delegadas a la Gobernación de ese departamento. La figura 21 presenta la institucionalidad de la industria extractiva y su grado de relación y coordinación interna.

Institucionalidad de la industria extractiva en Colombia

Fuente: Informe EITI.

Evidentemente, la gestión estatal del sector extractivo requiere la coordinada intervención y concurrencia de distintas agencias estatales. A continuación, se describen brevemente las funciones del Ministerio de Minas y Energía y de sus entidades adscritas:

La institucionalidad de la industria extractiva colombiana se compone:

• El Ministerio de Minas y Energía es la autoridad rectora del sector minero energético. Le corresponde adoptar las políticas sectoriales; también, dirigir la administración y emitir la regulación para el aprovechamiento de los recursos mineros (www.minminas.gov.co).
• La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) es la entidad administradora de los recursos hidrocarburíferos del país. Tiene a su cargo la promoción, otorgamiento y asignación de áreas y títulos para la exploración y producción de hidrocarburos; la fiscalización del cumplimiento de la normatividad, y la liquidación, el recaudo y la transferencia de las regalías y las compensaciones originadas por la producción (www.anh.gov.co).
• La Agencia Nacional de Minería (ANM), que fue creada en 2011, es responsable de la ejecución de la política minera. Le corresponde la promoción del sector, el otorgamiento de los títulos mineros, la celebración de los contratos de concesión minera, y el ejercicio de las funciones de fiscalización y vigilancia de esos contratos en sus aspectos técnicos, económicos, operativos, jurídicos, ambientales, de seguridad industrial, de manejo ambiental y de seguridad social. Además, es responsable del recaudo y transferencia de las regalías (www.anm.gov.co). En Antioquia, las funciones de la ANM fueron delegadas en la Secretaría de Minas de ese Departamento (http://antioquia.gov.co/index.php/secretaria-de-minas).
• La generación del conocimiento científico del subsuelo está a cargo del Servicio Geológico Colombiano (SGC). Tiene las responsabilidades de mantener actualizado el mapa geológico colombiano, evaluar el potencial minero del territorio y llevar a cabo programas de reconocimiento, prospección y exploración. El Servicio Geológico Colombiano compila, almacena y difunde datos; además, hace seguimiento y monitoreo de las amenazas geológicas (www2.sgc.gov.co).
• A la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) le corresponde, en esencia, la función misional de planificar el desarrollo y aprovechamiento de los recursos mineros del país, y proveer insumos técnicos para la formulación e implementación de la política minera (www.upme.gov.co).

Complementariamente, la administración y gestión adecuada de los recursos del subsuelo requieren la coordinada concurrencia de otras entidades. A continuación, se describen las funciones principales de las más relevantes:

• El Ministerio de Defensa, que tiene a su cargo el diseño y la ejecución de las políticas y estrategias del sector de defensa. La coordinación y la actuación de las distintas fuerzas de este sector resultan cruciales para asegurar la viabilidad de las operaciones extractivas en aquellos casos en que actores al margen de la ley hostigan las operaciones. Adicionalmente, las fuerzas desempeñan un papel importante en el control de la minería ilegal por parte de organizaciones criminales organizadas (www.mindefensa.gov.co).
• El Ministerio del Interior lidera las políticas públicas dirigidas al fortalecimiento de la democracia, la convivencia y la participación ciudadana. Es el encargado de liderar los procesos de consulta previa para garantizar la protección de los derechos de las comunidades étnicas en el ámbito geográfico de los proyectos extractivos (www.mininterior.gov.co).
• El Ministerio de Ambiente lidera el diseño de la política ambiental nacional, y coordina su ejecución por parte de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (www.anla.gov.co), y las autoridades ambientales regionales y urbanas. Estas entidades, que forman parte del Sistema Nacional Ambiental, tienen a su cargo la evaluación de los estudios de impacto ambiental de la industria extractiva, el otorgamiento de las licencias y el seguimiento y evaluación del desempeño ambiental de los proyectos (www.minambiente.gov.co).
• Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA): Entidad encargada de garantizar que la evaluación, seguimiento y control de los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento, permisos o trámites ambientales (www.anla.gov.co).
• El Ministerio de Hacienda y Crédito Público coordina las políticas fiscal y macroeconómica del país. Su Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) es la entidad encargada de recaudar las rentas fiscales del país (www.minhacienda.gov.co).
• El Departamento de Planeación Nacional (DNP) tiene a su cargo el diseño, el análisis integrado y la evaluación de las políticas nacionales sectoriales y de desarrollo regional; y el manejo y asignación del presupuesto de inversión (www.dnp.gov.co).

Adicionalmente, la Constitución de 1991 otorgó a los municipios funciones relacionadas con la planificación y el ordenamiento de los usos del suelo. En consecuencia, la gestión pública de la industria extractiva debe desarrollarse en estrecha coordinación con los gobiernos regionales y locales. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ordenó al Congreso de la República promulgar legislación que permita aplicar los principios constitucionales de coordinación y concurrencia en los que se basa la organización del Estado. La nueva legislación (en proceso de diseño por parte del Ministerio de Minas y Energía) deberá tener en cuenta los principios de participación ciudadana y autonomía territorial; y, a la luz de los principios de coordinación, concurrencia, participación ciudadana y autonomía territorial, deberá asegurar a las autoridades territoriales y a las comunidades el derecho de participar de manera efectiva —no de decidir— en la construcción de las decisiones relacionadas con el aprovechamiento de los recursos del subsuelo.

Con más de 400 años de historia, la institucionalidad de la industria ha sido respaldada por un marco legal que da origen y funcionalidad a esta. En la figura 22 se presenta una línea de tiempo que destaca los principales hitos en cuanto a creación y evolución de las entidades relacionadas con de la industria.

Línea de tiempo de la institucionalidad