Proyecto: construcción y adecuación de la infraestructura para la Institución de Manare, sede Caribayona, municipio de Villanueva.
Como parte de la política del sector minero energético, se han diseñado diferentes estrategias dirigidas a incentivar y reforzar las buenas prácticas. Entre las estrategias transversales del sector se destacan las siguientes: el incentivo a la producción, los proyectos de interés nacional y estratégicos (PINES), y la estrategia de relacionamiento territorial del sector minero-energético. A continuación, se describen esas estrategias.
El incentivo a la producción es un mecanismo para promover el desarrollo en los municipios productores por medio de mayores inversiones. Destina recursos del Sistema General de Regalías a la financiación de proyectos de inversión en los territorios en los que se desarrollan actividades de exploración y explotación de los recursos naturales no renovables, y en los municipios y distritos con puertos marítimos y fluviales por los que se transportan dichos recursos o sus derivados. Los proyectos sujetos a ser financiados con el incentivo cubren las siguientes líneas de inversión:
En relación con los objetivos y fines del Sistema General de Regalías, el numeral 8.º del artículo 2 de la Ley 1530 de 2012 establece:
Complementariamente, el Congreso de la República aprobó la creación de los incentivos a la producción, mediante la Ley 1744 de 2014:
El Ministerio de Minas y Energía, definirá el esquema de incentivos propuesto y establecerá la metodología para su aplicación y asignación. Las entidades territoriales beneficiarias de este esquema de incentivos, incorporarán los recursos respectivos en su capítulo presupuestal independiente como recursos de funcionamiento y en el presupuesto de gastos como una apropiación adicional dentro de los gastos operativos de inversión, los cuales deberán destinarse al fin previsto en el numeral 8 del artículo 2º de la Ley 1530 de 2012, en los términos y condiciones que señale la Comisión Rectora.
La metodología para la aplicación del incentivo a la producción fue incluida en el Acto Legislativo 4 de 2017, por el cual se adicionó el artículo 361 de la Constitución Política en su parágrafo 7.° . De esta manera, hoy uno de los objetivos del Sistema General de Regalías es la promoción del desarrollo de los municipios productores por un término mínimo de 20 años.
Con base en estas disposiciones, el Ministerio de Minas y Energía definió el esquema de incentivos para el aprovechamiento y la explotación integral de los recursos naturales no renovables, y estableció la metodología para su distribución, aplicación y asignación para el bienio 2017-2018. Además, determinó los cupos para las 100 entidades territoriales que resultaron beneficiarias con $172.100.922.623 (ciento setenta y dos mil cien millones novecientos veintidós mil seiscientos veintitrés pesos).
Las entidades elegibles pueden hacer inversiones para la restauración económica y social de sus territorios, y para la protección y recuperación ambiental. Las entidades ejecutoras de estos recursos deben hacer uso del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR) administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para realizar su gestión y ejecución; y para ordenar el pago de las obligaciones adquiridas. Los proyectos de inversión deben ser aprobados en el OCAD del municipio beneficiario, y son objeto del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación del Departamento Nacional de Planeación.
A cierre de 2018, con cargo a los $352.100.922.623 (trescientos cincuenta y dos mil cien millones novecientos veintidós mil seiscientos veintitrés pesos), se aprobaron 280 proyectos, de acuerdo con lo expuesto en las figuras
El valor de los proyectos asciende a $501.570 millones. El 57 % de estos corresponde al incentivo a la producción ($284.641 millones), y han beneficiado a más de 1.700.000 personas
El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, en su Capítulo IX, “Pacto por los recursos minero-energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades”, estableció que el Ministerio de Minas y Energía es responsable de construir:
Adicionalmente, le corresponde a la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales (OAAS) de ese Ministerio “coordinar la interrelación del sector minero energético con las autoridades ambientales, con el Ministerio del Interior, con las autoridades territoriales, con las comunidades y con los responsables de la gestión del riesgo”. De este modo, el Ministerio de Minas y Energía debe planear, dirigir y coordinar un relacionamiento con los territorios que atienda las necesidades del diálogo social, y que focalice esfuerzos hacia la prevención de conflictos y la participación efectiva de los actores locales de los territorios.
Esta estrategia de relacionamiento se propone construir un modelo de decisiones compartidas que genere confianza en las comunidades, fortalezca sus capacidades y promueva el diálogo entre los actores del territorio. Se espera que las diversas instancias de toma de decisión se enriquezcan mediante el diálogo entre la institucionalidad, las comunidades y las empresas. Esto, de manera tal que se construya y promueva una visión de desarrollo compartida que se dinamice en virtud de las operaciones de las empresas del sector.
La estrategia de relacionamiento territorial tiene cuatro momentos fundamentales: (1) alistar, (2) entender, (3) co-crear y (4) evaluar. El primero comprende las acciones de coordinación intra- e interinstitucional del sector minero energético, la designación de equipos interdisciplinares de trabajo y la elaboración de un diagnóstico territorial riguroso. El segundo momento comprende las acciones de diálogo en territorio desarrolladas de manera previa a la toma de decisiones. Posteriormente, durante la etapa de co-crear, se fortalecen las capacidades de los actores locales; se habilitan, reactivan o fortalecen las instancias de diálogo tripartito, y se acompañan las diferentes instancias de planeación, gestión social, planes de beneficios y proyectos por regalías en la región. Finalmente, la etapa de evaluación comprende la revisión de los espacios de diálogo, el seguimiento a los compromisos adquiridos, la sistematización y análisis de los indicadores de proceso y de impacto.
Si bien se requiere que la estrategia de relacionamiento territorial tenga alcance a todos los escenarios territoriales de operación del sector minero energético, los primeros ejercicios de su implementación se están trabajando en La Guajira, Magdalena Medio, Putumayo y Casanare, principalmente. Para el 2020 se espera fortalecer la capacidad del sector en estos y en otros territorios.
Esta política de derechos humanos obedece a principios internacionales y locales. Contribuye al desarrollo de las competencias propias del Ministerio de Minas y Energía relacionadas con la formulación, adopción, dirección y coordinación de las políticas, planes y programas del sector de minas y energía; y busca el desarrollo de una hoja de ruta para la promoción y la protección de los derechos humanos. Está orientada por los principios contenidos en la Constitución Política, en los tratados ratificados por Colombia y en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos (DD. HH.) y derecho internacional humanitario (DIH) adoptados por la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.
El propósito de esta política es generar un marco de acción que le permita al sector fortalecer su contribución en la prevención, promoción, protección y garantía de los derechos humanos. Esto, con incorporación del enfoque diferencial en escenarios de posconflicto. Para ello, el sector ha asumido los siguientes compromisos específicos:
La estrategia nacional de DD. HH. y DIH incluye un capítulo sobre empresas y DD. HH. Este capítulo representa una oportunidad para que entidades públicas y sector privado trabajen de manera mancomunada, para asegurar el acatamiento de los mandatos legales en materia de DD. HH. y el cumplimiento de las obligaciones de las empresas. Se desarrolla en el marco de los 31 principios rectores sobre empresas y DD. HH. definidos por el Consejo de DD. HH. de las Naciones Unidas, que se basan en el reconocimiento de las obligaciones de los Estados de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y las libertades fundamentales; en el papel de las empresas como órganos especializados de la sociedad que desempeñan funciones especializadas y que deben cumplir todas las leyes aplicables y respetar los derechos humanos; y en la necesidad de que los derechos y obligaciones vayan acompañados de recursos adecuados y efectivos en caso de incumplimiento, es decir, el resarcimiento o la reparación del daño causado en caso de vulneración de derechos.
Esta política de derechos humanos obedece a la necesidad del punto 1.6 de la estrategia nacional de DD. HH. y DIH de “diseñar una estrategia de corto y mediano plazo para avanzar en el respeto a los derechos humanos en dos sectores particularmente vulnerables y de relevancia para el país: el sector minero energético y el sector de agroindustria”; y responde a la disposición del Plan Nacional de Acción en DD. HH. y Empresas, que designa como una de las obligaciones a cargo del Ministerio de Minas y Energía la de “diseñar una estrategia para avanzar en el respeto a los derechos humanos en el sector minero energético, que adaptará los Principios y Criterios de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) las necesidades nacionales”.
Adicionalmente, esta política se alinea con otros instrumentos, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Agenda 2030, los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); y corresponde a lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo - “Pacto por los recursos minero energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades”. Los destinatarios, los responsables y los beneficiarios de la implementación de la política de derechos humanos son las diferentes áreas o dependencias del Ministerio de Minas y Energía, sus agencias y entidades adscritas o vinculadas, las empresas privadas cuyo objeto social se enmarca en las actividades del sector, otras entidades y autoridades con competencias transversales al sector, y la comunidad en general.
Después de su adopción en agosto de 2018, esta política de derechos humanos se encuentra en el primer año de su implementación y se pueden reportar los avances que se describen en esta sección.
Por una parte, se continuó con el fortalecimiento de la estrategia de relacionamiento territorial (ERT). Mediante esta estrategia se adelantan acciones dirigidas hacia un relacionamiento que pone a los actores territoriales en el centro de la conversación, con la prevención de violencias basadas en género en la industria y comunidad de influencia.
Adicionalmente, el Ministerio ha participado en la formulación del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos, en cabeza de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Este plan busca, entre otros objetivos, consolidar conductas empresariales responsables como parte inherente del desarrollo económico colombiano, y fortalecer la administración de justicia como un bien público indispensable para la materialización de los derechos de las personas, el cumplimiento de la ley y la prevención de sus transgresiones.
El Ministerio de Minas y Energía ha acompañado los grupos de trabajo de DD. HH. y carbón, y DD. HH. y sector aurífero. Estos son espacios de iniciativa de las empresas que promueven un mejor desempeño en materia de DD. HH. y fortalecen el intercambio de buenas prácticas en materia de debida diligencia. Además, el Ministerio está trabajando en la consolidación del grupo de trabajo de derechos humanos e hidrocarburos.
El Ministerio viene desarrollando un ciclo de capacitación para sus funcionarios y contratistas, y los de sus entidades adscritas, en temas relacionados con las empresas y los derechos humanos. Esto, en el marco del proyecto de conducta empresarial responsable (CERALC) impulsado por la OCDE, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos.
La ministra de Minas y Energía presentó la hoja de ruta para formular los lineamientos de la política de equidad de género en el sector minero energético. Esos lineamientos han de responder al marco normativo internacional y nacional, bajo los siguientes ejes:
En consonancia con lo anterior, el Ministerio de Minas y Energía está incorporando la perspectiva de género en sus políticas, planes y programas. Con este propósito, ha acometido las siguientes acciones:
En desarrollo de su política de género, el Ministerio ha realizado tres encuentros regionales en Boyacá, Cesar y La Guajira. En ellos se ha dialogado con organizaciones de mujeres, academia, empresas, gremios, autoridades locales y representantes de la cooperación internacional sobre los ejes de esta política.
