Participación social

De acuerdo con el cotejo realizado en el tema de empleabilidad a los 24 grupos empresariales adheridos al EITI, 39 empresas aportan un total de 110.192 empleos. En el año 2021 presenta un aumento de 1.102 empleos entre directos e indirectos con respecto al 2020, correspondiente a un aumento del 1%.

En el sector minero se observa una disminución en el empleo, que puede obedecer al impacto que tuvo la caída del precio del carbón, que llevó a la suspensión indefinida de actividades del Grupo PRODECO – la tercera compañía minera más grande del país– y a recortes de personal y de inversión en Cerrejón. Por su parte, el sector de hidrocarburos, aunque se vio afectado por la crisis del precio del barril de petróleo antes del comienzo de la pandemia se disminuyeron los empleos directos en el 2021 en un % muy pequeño comparado con el empleo generado en el 2020 y se aumentó en un 7% comparado con los empleos indirectos en el 2020.

Empleos directos e indirectos por género (2020 -2021) - Sector Minero Energético

Fuente: Administrador independiente - Informe de cotejo.

En cuanto al empleo por género, en el sector hidrocarburos, hubo un incremento del 87,96% en la contratación Indirecta de hombres y se presentó una disminución importante en la contratación indirecta de mujeres de un 62,14%. Mientras que el sector minero, de las empresas cotejadas, la contratación indirecta de hombres tuvo un incremento de 17,24% y en caso de la contratación de las mujeres una disminución con respecto al 2020 de 55,49%.

Los PBC son las inversiones sociales obligatorias que realizan las empresas dedicadas a la industria del petróleo en el marco de los contratos y convenios suscritos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, para que con su ejecución se fomente, entre otros, el desarrollo humano y se contribuya a la reducción de la pobreza extrema en Colombia.

Los PBC deben definirse teniendo como refe- rente los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS, y las metas establecidas para Colombia en el CONPES 3918 del 15 de marzo de 2018. En esta definición se debe tener especial atención con los objetivos que buscan reducir la pobreza, mejorar el acceso a servicios públicos y lograr la equidad de género, según lo dispuesto en la Directiva Presidencial 11 de 2020.

Desde la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (2003) todos los contratos de exploración y producción contienen una cláusula social definida como PBC.

El contratista debe incluir como anexo del contrato dicho programa, en el cual debe:
● Definir la cuantía mínima a invertir en el desarrollo de los PBC que debe corresponder como mínimo al 1 % del valor de las inversiones detalladas en el Plan de Exploración, de sus modificaciones y prórrogas; al 1% de los eventuales Programas de Evaluación, así como al uno por ciento (1%) de la cuantía del Programa Anual de Operaciones de todos los Campos Co- merciales del Área o Áreas en Producción, durante el Período correspondiente.
● Establecer las líneas de inversión para los programas en beneficio de las comunidades.
● Presentar una auditoría externa para garantizar la transparencia y la integralidad en la ejecución de los recursos económicos. (AGENCIA NACIONAL DE HIDRO- CARBUROS - ANH).

La Ley 2045 de 2020, por medio de la cual se establecen criterios de priorización en materia de prestación de servicios públicos domiciliarios en los planes y programas de inversión social de los contratos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, se promulgó con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas de influencia de los proyectos derivados de los contratos mineros y petroleros que el Estado ha celebrado con particulares, así como promover la equidad y el aprovechamiento eficiente de los recursos que en esa zona se encuentran.

Las normas establecidas de esta Ley se aplican a los contratos de concesión de gran minería en etapa de explotación y para los contratos de exploración y producción de hidrocarburos (contratos E&P) que se encuentren en etapa de producción y que sean celebrados y perfeccionados a partir del 2021.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos expidió la Resolución No. 0728 del 2021 por la cual se establecen los términos y condiciones con sujeción a los cuales deben adelantarse los programas en beneficio de las comunidades de la zona de influencia de las operaciones de los contratos de exploración y producción de hidrocarburos en áreas continentales, adjudicados a partir de 2021

Valor Inversiones PBC 2005-2021 (Millones de Pesos $)

Fuente: : Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH. Datos de reporte de PBC

La Agencia Nacional de Hidrocarburos, durante el 2021, realizó el seguimiento de los PBC mediante el tablero de control (Dashboard) que permite mostrar información relevante de las inversiones realizadas por las operadoras en el marco del PBC. De acuerdo con la información publicada durante el 2021, se realizaron inversiones en el Programa en Beneficio de las Comunidades a nivel departamental por un valor total de $84 232 millones de pesos. En el departamento del Meta, se realizó el mayor valor en inversiones en el PBC durante el 2021, por un valor de $ 48.293 millones, es decir el 57,3 % del total de las inversiones del año, seguido por el departamento de Santander con un valor de inversiones de $10.687 millones.

Valor inversiones PBC por departamento año 2021 (Millones de Pesos $)

Fuente: : Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH. Datos de reporte de PBC

Número de proyectos que han apuntado a las metas e indicadores de los ODS en el Año 2021

Fuente: : Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH. Datos de reporte de PBC

En el 2021 del total de proyectos, acumulados, el mayor número de proyectos (141) apuntaron al Objetivo 11 - Ciudades y comunidades sostenibles, cuyo objetivo es lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. En segundo lugar, se realizaron 55 proyectos enfocados al ODS 8 Empleo Digno y Económico y 52 proyectos enfocados al ODS 4: Educación de calidad.

El Plan de Gestión Social (PGS) es un instrumento de gestión sistemática, continua, ordenada e integral que consolida programas, proyectos y actividades que desarrolla un concesionario minero para prevenir, mitigar y atender los riesgos sociales ocasionados por el desarrollo del proyecto minero, así como para incrementar las oportunidades y los beneficios generados por el mismo.

A través del Plan de Gestión Social, el concesionario contribuye a generar oportunidades sociales y económicas en el área de influencia del proyecto minero, a potenciar, mantener y fidelizar las relaciones positivas con los grupos de interés vinculados al proyecto. Para la construcción del Plan de Gestión Social, el titular deberá involucrar a la comunidad del área de influencia y es importante que articule sus proyectos de inversión social con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Desarrollo Departamental y el Plan de Desarrollo Municipal. (AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA , 2019).

El Plan de Gestión Social deberá ser presentado conjuntamente con el Plan de Trabajo y Obras (PTO), pero es importante aclarar que el mismo no hace parte del PTO, y su evaluación y aprobación se hará de forma independiente. El instrumento ambiental (PMA o Licencia ambiental) es un insumo del Plan de Gestión Social y podrá ser parte de este. Este instrumento y el PGS deben estar alineados para facilitarle al titular minero cumplir con ambos requisitos, y así usar de manera más eficiente y eficaz los recursos y alcanzar un mayor impacto, de manera que no se realice doble esfuerzo sino un trabajo integrado.

El Plan de Gestión Social se compone de dos etapas: la primera comprende las actividades de comunicación y divulgación a los grupos de interés sobre el proyecto minero, la consulta de los planes de desarrollo municipal, departamental y nacional y la participación de la comunidad del área de influencia del proyecto; y la segunda incluye la presentación del Plan de Gestión Social, su aprobación y posterior ejecución durante las fases de construcción y montaje, explotación y cierre del proyecto minero, además de la comunicación permanente con la comunidad y las autoridades.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7 de la Resolución ANM No .318 de junio de 2018 modificada por la Resolución ANM No .263 de mayo de 2021, todo titular minero debe presentar a la autoridad minera 30 días hábiles antes de finalizar la etapa de exploración, el Plan de Gestión Social – PGS. Por lo tanto, en las etapas de construcción y montaje y explotación se causa la obligación de presentar el Plan de Gestión Social referido.

Número de planes aprobados por la ANM

Fuente: Administrador independiente - Informe de cotejo.

“A 31 de diciembre de 2021, conforme al reporte de los puntos de atención

regional –PAR y el grupo de proyectos de interés nacional, han sido aprobados 102 planes de gestión social, 93 se encuentran en evaluación, incluyendo los que han sido requeridos para complementar el documento y 130 están en trámite de presentación del mismo. De manera voluntaria, ocho titulares presentaron sus planes de gestión social, de los cuales siete han sido aprobados”

	2020	2021
J2. Plan de Gestión Social (Ley 685 de 2001)/Último año (COP)	$9.750.000	$1.905.360.465